BORLA SOLICITÓ LA CREACIÓN DE UNA DELEGACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD EN SAN JUSTO
Lo hizo mediante la presentación de un proyecto de comunicación presentado la semana pasada en la sesión de la Cámara Alta de la Legislatura Provincial.
Sostiene el Dr. Rodrigo Borla que las acciones que se encaran desde Vialidad se centran en la preservación del patrimonio vial existente, el desarrollo de ejes viales integrados en las distintas regiones, el mejoramiento de las condiciones de seguridad, y la facilitación de la accesibilidad a zonas portuarias.
El departamento San Justo, con una superficie de 5.575 km2, y se encuentra ubicado en la parte centro norte de la provincia, lindando con los departamentos San Cristóbal, La Capital, Las Colonias, Garay, San Javier y Vera, cuenta actualmente con aproximadamente 400 Km de rutas provinciales (Rutas Nº 56S, 93S, 86S, 55S, 79S, 61, 2, 53S, 54S, 39, 73S, 281S, 60 y 254S).
Parte de ellas recorren las localidades de San Justo, Colonia Angeloni, Cayastacito, Colonia Dolores, Colonia Esther, Gobernador Crespo, La Camila, La Criolla, La Penca y Caraguatá, Marcelino Escalada, Naré, Pedro Gómez Cello, Ramayón, San Bernardo, San Martín Norte, Colonia Silva y Videla cuyo mantenimiento se realiza a través de la delegación que depende de Vialidad Provincial con asiento en San Javier.
En el sector de la Ciudad de San Justo, que es cabecera del departamento, el mantenimiento de las rutas es realizado por la Asociación de Propietarios de
Predios Rurales.
La red de caminos rurales estructura la actividad económica de la región, fundamentalmente aquella vinculada a la agrícola ganadera. El mantenimiento y mejoramiento de esta red aparece como una cuestión de gran relevancia.
El proyecto del Senador Rodrigo Borla, de alguna forma, trata de dar solución a planteamientos que vienen realizando estas comunidades, porque en épocas estivales las lluvias y las crecientes, a veces, dejan aisladas algunas comunidades, como así tampoco permiten la salida de la producción y la respuesta de Vialidad, a través de las autorizaciones de la delegación, se hace bastante tardía en dar una solución.
PRENSA BORLA – HERNAN CORONICA.
PROYECTO DE LEY DEL SENADOR RODRIGO BORLA.
PROPONE CREAR UN GABINETE PSICOPEDAGOGICO EN EL AMBITO DE CADA UNA DE LAS REGIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA.
Estarán compuestos por psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, técnicos en minoridad y familia.
Conformaran grupos de trabajo liderados por referentes comunitarios encargados de la detección de problemáticas del área de influencia que sirvan como insumo al mencionado Servicio, refiere la norma de autoría del Dr. Rodrigo Borla.
Señala también que la cantidad de profesionales en cada una de sus especialidades, será determinada por cada región según sus demandas. En aquellas regiones que se necesite la prestación de profesionales que no estén incorporados en forma permanente al Gabinete, se efectuarán las mismas mediante coordinación con los establecimientos de salud de la zona.
Los fines y funciones del Servicio Psicopedagógicos serán.
-Recrear, desarrollar y promover servicios de apoyo efectivo, para cada institución educativa, que brinden atención adecuada y oportuna según la necesidad del niño, adolescente, la familia e institución.
– Realizar de manera sistemática el control del crecimiento y desarrollo psíquico y educativo de cada alumno.
– Promover el trabajo en red, pensando como una unidad de servicio a fin de generar y facilitar las consultas, intercambios, diagnósticos, interconsultas oportunas o su derivación para ser enfocada desde el sector de salud con los aportes de la escuela según sea el caso planteado.
– Poseer, en cada institución educativa, una ficha personal de cada niño y adolescente sobre la evolución de su crecimiento y desarrollo indicando en cada caso las necesidades físicas, psíquicas, sociales y las potencialidades que revela a fin de canalizarlas a través de la Educación: proceso enseñanza-aprendizaje, orientación escolar u orientación vocacional.
– Intervenir inmediata y oportunamente en casos de riesgos y daños individuales colectivos que afecten el equilibrio escolar y social.
