POBRES PERO HONRADOS

A pesar de tener caso el 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza la ciudad de San Javier no registra ningún caso de enganchado en forma ilegal al sistema eléctrico. En la provincia esperan incorporar siete mil casos sociales en 2011.

A partir de julio, la Empresa Provincial de la Energía comenzará a aplicar “a mayor escala” el programa “Energía y Agua Seguras”. Hasta aquí, las tareas que pretenden regularizar la situación de los enganchados en sectores vulnerables, se venían dando de manera experimental en barrio San Agustín y en otros tres barrios de la ciudad de Rosario.

“La semana pasada abrimos las licitaciones correspondientes a la compra de equipamiento, porque tenemos que tener en cuenta que este plan se lanzó en diciembre pasado, y durante este tiempo, nuestros equipos técnicos estuvieron trabajando en los pliegos. Paralelamente, ya se compraron materiales, como cables preensamblados y columnas de almacenes, y ahora vamos a licitar los transformadores, cables subterráneos y mano de obra, para poder empezar a llevar este programa a mayor escala”, dijo el titular de la EPE, Daniel Cantalejo a El Litoral.

Según planteó, la pretensión de la empresa es que “a lo largo del año 2011 se puedan normalizar siete mil suministros en Santa Fe y cerca de trece mil en Rosario”. Pero aclaró que la situación de irregularidad alcanza a “cerca de 200 mil familias de toda la provincia”, por lo que el programa deberá continuar por siete u ocho años más.

“Las primeras experiencias que estamos haciendo -sostuvo- nos están dando un resultado muy positivo, con una muy buena aceptación no solamente de lo energético, sino de todos los asistentes sociales que están en contacto directo con estas familias”.

Conceptos diferentes

El programa consiste en incorporar al sistema energético de la EPE a estos usuarios “colgados” del servicio. La empresa realiza instalaciones seguras en los domicilios, con un disyuntor y un regulador de tensión. Los equipos permiten un consumo limitado -por ejemplo, para una estufa, un calefón, un TV, una heladera e iluminación básica-, y si se supera ese tope, el servicio se interrumpe automáticamente. Cada usuario incorporado a la red deberá abonar una tarifa social de 37 pesos por mes.

Cantalejo sugirió diferenciar entre quienes hurtan energía porque están en condiciones de vulnerabilidad, y quienes “roban” pudiendo pagarla.

“Una cosa es la energía en los lugares donde hay capacidad de pago y se puede cortar y no tenemos ningún efecto social justamente por esta situación, y otra cosa es la energía en los lugares de menores recursos, donde hay familias electrodependientes. Allí, si nosotros cortamos la energía, ocasionamos problemas sociales importantes porque afectamos la salud y otras cuestiones vitales, porque muchas veces el suministro eléctrico es el único que llega a estos lugares”.

Sobre esa base, advirtió que también las políticas que se aplican son diferentes, según el sector.

“En el sector donde tenemos energía social, aplicamos el programa de “Luz y Agua Segura”, que se subsidia con una partida de 42 millones de pesos que por primera vez en la historia de la EPE se incorporó al presupuesto”, explicó. En cambio, en los sectores donde la energía no se paga, las políticas apuntan a combatir el robo a través de los operativos antifraude.

“Allí estamos incrementando año a año las tareas, que ahora esperamos reforzar a partir de los cargos creados con la aprobación de la Legislatura. Nuestra aspiración es pasar de las más de 80 mil actas anuales que estamos haciendo en toda la provincia, a superar las cien mil actas anuales como para mejorar esta conducta, que realmente perjudica a todos los santafesinos”, dijo Cantalejo.

Los números

Según precisó el propio funcionario, el consumo de energía en sectores vulnerables representa el 3,5 por ciento, aproximadamente, de la energía comprada por la EPE, en tanto que la hurtada y consumida por sectores que estarían en condiciones de pagara, representa el 4,5 por ciento.

“Si traducimos esto a dinero -mencionó-, diríamos que los costos básicos de los sectores carecientes los solventamos con los 42 millones de pesos que ya mencionamos. Mientras que el robo de quienes pueden pagar prácticamente duplica esa cifra”.

Cantalejo resaltó, de todos modos, que como consecuencia de los operativos antifraude, la EPE logra recuperar entre 22 y 23 millones de pesos anuales.

FOTO: Archivo

FUENTE: Diario El Litoral – San Javier en Reflejos